Imaginad una escena en la que a una niña de cinco años se le pida que reproduzca un episodio de abusos sexuales sufridos. ¿Indicaría su negativa, su rechazo, su mutismo, que no tiene credibilidad? Para algunos jueces, sí. Y no se trata de una escena imaginaria. Por eso nos preguntamos, ¿funciona la justicia española frente al abuso infantil?
Según Save the Children denuncia en su informe “La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar”, existen muchas deficiencias en los procesos judiciales que derivan en graves situaciones de riesgo y desprotección de los menores.
A partir del análisis de casos concretos, algunos de los cuales ponen los pelos de punta, y de autos de Audiencias Provinciales, el informe reconstruye el camino judicial que un niño o niña y su representante legal tienen que seguir en España para lograr protección y justicia en casos de abuso sexual infantil. No es difícil encontrar casos entre las abundantes historias de abusos en España (y las que no se saben…).
Según responsables de la ONG, los casos y los autos analizados confirman que en España no se están aplicando estándares internacionales para la protección de los niños y niñas en el ámbito de la Administración de Justicia y que resulta urgente revisar la normativa y la práctica judicial.
Principales deficiencias detectadas en las denuncias por abusos
Muchas veces se pone en duda la credibilidad de la víctima por su corta edad, o incluso, tras una prueba pericial, se archiva la causa por no poder obtener la información suficiente del niño o niña.
Los casos analizados reúnen una importante base de evidencias (físicas y psicológicas) de abuso sexual, incluido el testimonio directo de la niña o niño afectados, que acuden o han acudido a terapias en centros públicos o privados como víctimas de abuso sexual.
A pesar ello, las denuncias presentadas para tratar de esclarecer los hechos han sido archivadas sin haber llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre los mismos. Las niñas y los niños afectados tenían una edad muy temprana (entre diecisiete meses y cuatro años) en el momento de identificarse los indicios de abuso sexual que dieron lugar a la primera denuncia.
La principal barrera de partida que ha identificado en el informe de Save The Children es que ni el niño o niña ni el progenitor que denuncia resultan creíbles para los jueces, fiscales y abogados, que suelen alegar falta de credibilidad de las víctimas o que éstas están manipuladas.
Y aunque habrá casos de todo tipo, desde luego lo que no se puede esperar es que los niños participen en un proceso judicial como un adulto, sin tener en cuenta las particularidades psicológicas de los pequeños, que no se pueden expresar como los mayores, y que gestionan sus emociones ante unos hechos tan graves de una manera diferente.
Pero la temprana edad debería ser un incentivo para esclarecer los hechos, no un impedimento añadido. Y precisamente por la diferencia de edad se haría necesaria la presencia de profesionales especializados en estos casos.
Ni los jueces de instrucción, ni los fiscales, ni los abogados de oficio ni los equipos psicosociales o forenses de los juzgados que intervienen en el proceso tienen la obligación de especializarse, hecho que puede tener un gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente las pruebas…
Que un niño que ha sufrido abusos sexuales se vea obligado a convivir con su agresor o que el régimen de visitas no contemple que hay abierto un proceso son otras deficiencias observadas y que se podían mejorar.
Si el sistema judicial falla, habrá que mejorarlo
Si una vez detectadas las deficiencias nos quedamos parados, nunca lograremos que los niños víctimas de abusos sexuales reciban un trato justo. Por ello Save the Children considera urgente realizar modificaciones legislativas y una serie de mejoras institucionales.
Estas son necesarias para garantizar la plena aplicación en la administración de justicia española de los principios y medidas previstas en los instrumentos internacionales y europeos que configuran el estatuto de las víctimas menores de edad en los procesos judiciales y que obliga a los estados a la protección efectiva de los niños y las niñas frente a la violencia sexual.
Para mejorar desde Save the Children reclaman la puesta en marcha de las siguientes recomendaciones, que podemos leer por extenso en el informe antes mencionado:
- Aprobar una normativa que reconozca y promueva de manera expresa los derechos de los niños y niñas en los procesos judiciales.
- Asegurar la adecuada preparación y especialización de profesionales y metodologías adecuados.
- Garantizar asesoramiento e información especializada a los representantes legales de los niños y niñas que denuncien un caso de abuso infantil.
- Garantizar que no se repitan las agresiones a través de medidas de protección judicial.
- Garantizar la máxima prioridad en la investigación judicial de estos delitos.
Muchas de estas recomendaciones están incluidas en la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, que la Unión Europea aprobó a finales de 2011 y que todos los Estados miembros deben poner en marcha antes de finales de 2013.
¿Se está intentando hacer algo para alcanzar ese objetivo? ¿O simplemente seguirán sucediendo casos de este tipo, que suelen pasar desapercibidos? Y ese es el mayor mal, a mi parecer.
Que la voz de los niños no se escucha, y que si se estuvieran produciendo en otros casos deficiencias tan flagrantes en la justicia española como ante los casos de abuso infantil, ya se estaría actuando, ya oiríamos hablar de ello más en las noticias, en los periódicos. Y yo no me lo callo, precisamente porque hablamos de niños.
Sitio Oficial | Save the Children
En Bebés y más | Siete pasos para evitar el abuso sexual infantil, Qué decirle a un niño para prevenir los abusos