Lograr una educación más igualitaria es el propósito de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Así lo manifestó en su primera comparecencia ante la comisión de Educación del Congreso. Allí desplegó una batería de medidas que espera poner en marcha durante su mandato. No ha concretado plazos ni acciones, aunque su deseo es que se implanten en el curso 2019-2020.
Su intención pasa por modificar los aspectos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que a su juicio contribuyen más a la desigualdad.
La asignatura de Religión dejará de ser computable en los expedientes académicos de los alumnos. Esto significa que ya no contará para la nota media, ni será tenida en cuenta en la solicitud de becas. Eso sí, seguirá siendo de oferta obligatoria para los centros y optativa para los alumnos.
Desaparecerá la asignatura alternativa a Religión porque "la libertad de unos de cursarla no puede conllevar la obligación para sus compañeros de estudiar otra materia", explica Isabel Celiaá.
En su lugar se implantará de forma obligatoria la asignatura de Valores éticos y Cívicos centrada en "los derechos humanos y las virtudes civico-democráticas". Según Isabel Celaá, ya existe desde hace años en otros países europeos.
Se recuperarán las evaluaciones diagnósticas en 4º de Primaria y 2º de la ESO. Según palabras de la ministra para en función de los resultados "planear mejoras en los centros, en coordinación con las Comunidades”.
Se derogarán los itinerarios a partir de los 13 años. Es decir, los niños no tendrán que elegir si en 3º de la ESO quieren decantarse por letras o ciencias como hasta ahora. A juicio de la ministra “condicionan el futuro del alumnado según su rendimiento”.
Se eliminarán las reválidas contempladas en la ley vigente, y que ya habían sido paralizadas por el anterior ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Se rescatarán los Programas de Diversificación Curricular para apoyar a los alumnos con dificultades de rendimiento.
Se apostará, según palabras de la ministra, “por la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y privados”.
Se cambiará la forma de elegir a los directores en los centros públicos.
Otras medidas propuestas
1) Educación infantil asequible. Financiación de programas de apoyo y orientación a los padres y madres de niños menores de tres años con las rentas más bajas. Se diseñarán en coordinación con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
2) Una ley de Formación Profesional. El Ministerio pretende modernizar esta enseñanza en cooperación con el Ministerio de Empleo, agentes sociales, empresarios y sindicatos, para integrar el sistema educativo de FP y la formación para el empleo.
Además, actualizará el catálogo de cursos y se reactivará el Sistema Nacional de Cualificaciones y FP. También revisará el modelo Dual de FP para acometer "una regulación básica que permita organizar su regulación en todas las comunidades autónomas y evitar desigualdades". Quiere incluir una contraprestación económica y establecer una relación contractual clara.
3) Revertir el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Con carácter "urgente" se plantea:
a) Reducir las ratios máximas de alumnos por aula: el decreto mantenía vigentes medidas como la posibilidad de elevación de las ratios de alumnos por aula hasta un 20%.
b) Reducir las horas lectivas de los profesores: el decreto contemplaba el incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas.
c) Acortar el plazo de 10 días para la sustitución de los profesores.
4) Terminar con la educación diferenciada en los centros concertados, ya que a opinión de la ministra, separar a los niños y a las niñas “contraviene los principios generales de la educación inclusiva”. La solución pasa, según ella, por abrir un tiempo de diálogo con estos colegios para acordar un modelo igualitario.
5) Crear un Número de Identificación del Alumno. Esta medida censal, que ya existe en otros países, permitirá profundizar en la trayectoria individual de cada niño y así personalizar las respuestas educativas que necesite. Para la ministra, es una forma de luchar contra el abandono escolar temprano y de conocer la composición socioeconómica de los centros escolares.
¿Para cuándo un Pacto de educación?
Todos los partidos políticos están de acuerdo en la necesidad de reformar nuestra educación, pero son incapaces de ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. No falla: nuevo gobierno en el poder, nueva ley educativa.
Parece que la prioridad pasa por derogar la ley del anterior ministro de Educación sin pararse a pensar qué demandan los padres o la comunidad educativa.
¿Cuándo dejarán de utilizar la enseñanza como un arma política y se plantearán unos retos educativos unitarios y prácticos? Esperemos que algún día se sienten juntos a una mesa todos los agentes implicados y retomen un pacto educativo, se llame como se llame, que sea duradero y que eduque a nuestros hijos en la sociedad del siglo XXI.
Vía Europa Press
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