El Gobierno de Japón ha anunciado que prohibirá los castigos físicos a menores por parte de sus padres o tutores legales. Esta medida llega tras la muerte de dos niñas a manos de sus padres, que ha hecho que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas inste al país a revisar con urgencia su legislación.
Y es que aunque en Japón, la normativa vigente prohíbe el maltrato infantil, no se especifica claramente qué casos se consideran castigo corporal, por lo que es fundamental una revisión legislativa que proteja a los menores.
Dos niñas fallecidas a manos de sus padres
En marzo de 2018, Yua Funato, de cinco años, falleció en Tokyo por continuos maltratos y abusos por parte de su padrastro, quien fue arrestado hasta en dos ocasiones. La madre estaba al corriente de la situación, e incluso impidió a los servicios sociales que visitaran a la menor.
En enero de este año, la víctima fue otra niña de diez años llamada Mia Kurihara, que murió después de que sus padres la maltrataran privándole de comida y sueño. Las investigaciones posteriores revelaron que también en este caso los servicios sociales y las autoridades locales estaban al tanto.
Ambos sucesos han sacudido a la opinión pública del país, y han hecho que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de la ONU, inste a Japón a "dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños".
No en vano, solo en 2018 se investigaron en el país asiático más de 80.000 casos de supuestos maltratos y abusos sexuales a niños, una cifra que se incrementó en más del 22 por ciento con respecto al año anterior.
Una legislación confusa
Si bien la ley actual en Japón prohíbe el maltrato infantil, no establece claramente cuáles son los límites y qué se considera castigo físico, especificando tan solo que "aquellos que ejercen la autoridad parental prestarán la debida atención al ejercicio adecuado de dicha autoridad para disciplinar a su hijo".
Por ello, y a raíz de los trágicos sucesos ocurridos, el Gobierno y la coalición gobernante pretenden revisar la legislación y concretar qué tipos de actos disciplinarios constituyen castigo físico, tanto si es ejercido por los padres y tutores, como por trabajadores sociales.
Además, quieren reforzar el papel de los servicios sociales y los centros de bienestar infantil para que estos puedan intervenir de forma ágil cuando se necesite, garantizando la rápida separación de los niños, de sus padres maltratadores.
Pegar a un niño es delito en muchos países
Suecia fue el primer país en prohibir específicamente los castigos físicos y el maltrato a menores. Desde entonces, alrededor de 50 países han seguido sus pasos, siendo los casos de Francia y el estado de Coahuila (México), los más recientes de los que nos hemos hecho eco.
En nuestro país pegar a un niño es delito, y así lo recoge el Código Penal en su artículo 153, donde sanciona explícitamente todo tipo de violencia ejercida en el hogar contra los niños con "pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad".
Pero por desgracia, social y culturalmente el azote y la bofetada siguen siendo vistos como métodos educativos o formas lícitas de corregir un comportamiento, por los que Unidos Podemos decidió registrar en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, una proposición de Ley Orgánica para prohibir toda clase de violencia ejercida a los niños, por leve que sea.
Los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos con el mayor respeto hacia ellos, sin utilizar el castigo físico como herramienta de corrección. Hay muchas razones de peso por las que jamás se debería pegar a un niño, pero la principal es que tras años de investigación se ha demostrado que los azotes no funcionan y son perjudiciales, además de modificar la conducta, tanto en la infancia como en la etapa adulta.
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Vía | Japan Times, El País