Tal y como recomienda el Ministerio de Sanidad, las mujeres pueden hacer saber a los profesionales cuáles son sus deseos para el momento del parto mediante un plan de parto, o en ausencia del documento, de manera verbal para que si todo va bien, y en la medida de lo posible, todo suceda según los deseos de la mujer.
Pero no solo tiene derecho a informar a los profesionales de sus deseos, sino también a recibir información de los procesos que se van a llevar a cabo, y a decidir en base a esa información. Esto es lo que no sucedió en el caso que hoy nos ocupa, el de una mujer a la que sanidad tendrá que compensar porque no llevaron a cabo un parto respetado.
Sucedió en 2010
Según leemos en Diario de Mallorca, allá por el año 2010, la mujer quería tener un parto natural y con ese propósito se dirigió al hospital de Can Misses, en Ibiza, para consultar si sería posible. La respuesta fue que respetarían sus deseos en la medida de lo posible, pero que primaría el criterio médico.
A pesar de que no le convenció mucho la respuesta, el 9 de noviembre acudió a dicho hospital a dar a luz, y se encontró con el parto que no había deseado.
Un montón de intervenciones que no esperaba
Aunque ella había pedido tener libertad de movimientos, para facilitar la dilatación (tal y como se recomienda desde hace más de 30 años), le hicieron quedarse en la cama conectada a un suero y al monitor, hasta el punto que cuando ella hizo el gesto de levantarse se lo impidieron.
De hecho, pidió que no le pusieran una vía si no era estrictamente necesario, y cuando les dijo que no quería le indicaron que era para que no se deshidratara y que además, como estaba en el hospital, tenía que llevar vía. El riesgo de deshidratación venía derivado de la prohibición de que comiera o bebiera, algo que también se considera erróneo como medida general.
La sondaron, a pesar de que ella era capaz de levantarse para ir al baño, y le pusieron un medicamento cuya utilidad preguntó, y nadie le explicó. Durante el expulsivo la colocaron en un potro en contra de su voluntad, y sin permitirle otra postura para parir; le rompieron la bolsa amniótica sin su consentimiento y hasta le hicieron una episiotomía sin informarle ni preguntar.
Tras dar a luz, la separaron en diversas ocasiones de su bebé, de modo que no pudo pasar la primera hora con su hijo, dificultando así la instauración de la lactancia materna. De igual modo, tampoco el padre pudo estar apenas presente en el proceso, porque no solo le negaron la entrada a la sala de dilatación, sino que cuando consiguió entrar fue expulsado de la habitación con diversas excusas.
Hasta en dos juicios fallaron a su favor
Al no respetarse su parto ni sus deseos, decidió presentar una denuncia contra el sistema de salud de Ibiza (Ib-Salut), y tanto en primera instancia como después el Tribunal Superior, le han dado la razón, al menos en parte.
Los jueces no han entrado a valorar si la actuación médica fue adecuada o desproporcionada, y en este sentido decidieron no fallar a favor de la mujer. Sin embargo, sí consideraron hacerlo en lo que al trato respecta, al no ser informada de tales acciones y al no tener, por lo tanto, su aprobación para llevarlas a cabo.
Así, la mujer recibirá una indemnización de 6.000 euros por los daños morales sufridos, que parecen bien poco si tenemos en cuenta que ella quería tener un parto normal, tal y como recomiendan los protocolos del mismo Ministerio de Sanidad, y recibió a cambio un parto totalmente instrumentalizado, sin información de lo que se le iba a hacer en cada momento y actuando en contra de su voluntad.
No sé vosotras/os, pero me da la sensación de que sale muy barato saltarse la ley de autonomía del paciente, ¿no?
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