"Una opción minoritaria que pretende sobrepasar al derecho a la salud del resto de niños y sus familias". Con este argumento, un ayuntamiento de la comarca barcelonesa del Maresme, negó la plaza a una guardería pública a un niño que no estaba vacunado.
La familia denunció los hechos, pero ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, ha dado la razón al ayuntamiento. Con esta decisión judicial, se reabre el debate sobre la obligatoriedad de vacunar a los niños para acceder a las escuelas, medida que ya siguen algunos países de nuestro entorno.
Los padres apelaron el derecho a la libertad ideológica de no vacunar
El pasado 31 de mayo, la familia del niño interpuso una denuncia en el juzgado, después de que el ayuntamiento de su municipio (situado en la comarca barcelonesa del Maresme), negara el acceso a su hijo a una guardería pública. ¿La razón? El niño no estaba vacunado por decisión de sus padres.
En la demanda, los padres apelaron el derecho a la libertad ideológica de no vacunar, y durante el juicio explicaron que "los perjuicios de vacunar al menor superan a los beneficios", y presentaron varios documentos sobre los efectos adversos de las vacunas.
El ayuntamiento, contó durante el juicio con el testimonio del jefe de pediatría del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Carlos Rodrigo Gonzalo de Llíria, quien rebatió los argumentos de la familia, destacando que "ninguna institución pública, gobierno, administración pública, ni comité o sociedad científica o del ámbito de la salud de reconocido prestigio, apoya la tesis de los antivacunas, sino todo lo contrario"
Además, el médico explicó que "la guardería es un lugar de riesgo donde se pueden contraer determinadas infecciones propias de la condición de los niños, que son muy pequeños y están en proceso de vacunación, por lo que son más vulnerables".
Los padres que no vacunan a sus hijos, "olvidan los derechos de los demás"
La sentencia se emitió el pasado 8 de enero, y la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 16 de Barcelona, dio la razón al ayuntamiento que no quiso matricular al niño, alegando que "los padres olvidan los derechos de los demás, ya que entienden que su derecho a asistir a una guardería es superior al derecho a la salud del resto de niños".
Además, la jueza argumentó que "las personas que no vacunan, a su vez aprovechan los efectos de la protección grupal que se fundamenta en que el 95% de la población está inmunizada gracias al cumplimiento del calendario vacunal".
En cuanto al derecho a la "libertad ideológica de no vacunar" apelada por los padres, la sentencia recoge que no hubo vulneración, pues en ningún momento se ha obligado a la familia a vacunar a su hijo, "lo que sí es obligatorio con régimen sancionador en países de nuestro entorno democrático".
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Vía | El Periódico