Cuando hablamos de violencia obstétrica, nos referimos a la violencia que sufren las mujeres embarazadas durante la atención al parto en los centros de salud, desde malos tratos y abusos verbales, hasta abusos físicos, como intervenciones médicas innecesarias y/o sin su consentimiento.
En una sentencia histórica, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido a España que tome medidas para combatir la violencia obstétrica.
Hace algunos meses dábamos la noticia de que finalmente la ONU reconocía que la violencia obstétrica existe, lo cual puede parecer un primer paso muy pequeñito, pero sin duda es un gran avance para comenzar a tomar acciones que ayuden a erradicarla.
Ahora, a través de un comunicado en su portal oficial de noticias en español, la ONU comparte la sentencia que realiza el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: España necesita combatir la violencia médica contra las mujeres embarazadas.
Este es el título del boletín de prensa en el que se comparte el caso de una mujer de la localidad española de Lugo, quien fue sometida a intervenciones médicas innecesarias durante el nacimiento de su hija, incluyendo la inducción al parto sin aparente justificación.
De acuerdo con la queja presentada por ella misma, llegó al hospital para una revisión de rutina a sus 39 semanas y seis días de gestación, sin embargo, ya no le permitieron retirarse y le indujeron el parto de forma innecesaria y sin su consentimiento.
Tras revisar su queja y analizar a detalle su caso, en el cual también se explica que su hija recién nacida debió permanecer ingresada a causa de una infección que pudo haber sido provocada por intervenciones médicas innecesarias, el Comité "instó a España a proporcionar a la mujer una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica".
Además de exigir reparar el daño sufrido a causa de la violencia obstétrica, el Comité pide a España que brinde una capacitación adecuada al personal médico en cuanto a derechos de salud sexual y reproductiva, y lo mismo a operadores de la justicia, ya que de acuerdo con su conclusión, la madre se enfrentó a estereotipos de género y discriminación durante todo el proceso judicial presentado ante los tribunales.
También, piden que se garantice el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica, con la finalidad de que ésta sea erradicada de España y que sean también un ejemplo que ayude a promover cambios en los protocolos de atención médica en otros países.
Recomendaciones del Comité a España
Además de sentenciar y condenar a España por los malos tratos recibidos por la madre, el Comité extendió una serie de recomendaciones al Estado español, entre las que se encuentran las siguientes:
- Asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada.
- Proporcionar a la mujer información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo e informado en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o el bebé esté en riesgo, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.
- Evaluar la violencia obstétrica en el Estado que permita visibilizar la situación y así orientar las políticas públicas de lucha contra dicha violencia.
- Asegurar el acceso a recursos eficaces en los casos en que los derechos de salud reproductiva de la mujer hayan sido violados, incluido en casos de violencia obstétrica.
Como mencionamos al inicio, el reconocimiento de la existencia de la violencia obstétrica podría haber parecido un primer paso muy pequeño, y aunque aún queda mucho por hacer, ya están comenzando a realizarse acciones para ayudar a erradicarla y las mujeres del mundo tengan un parto seguro y respetado.
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