Como sabemos, el Decreto de la reforma sanitaria ha entrado en vigor en España con no pocas polémicas. Una de ellas es debida a que en dicha ley (Real Decreto Ley 16/2012) se restringe la atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular, que tan solo podrán ser atendidas de urgencia y para asistencia al embarazo, parto y posparto.
Lo que para algunos supone cierta "justicia" o una medida necesaria, para muchos colectivos, especialmente los médicos, significa un gran retroceso en el acceso a la salud de una población que se encuentra en una situacióna menudo muy vulnerable. Y, lo que más nos importa en estas páginas, un retroceso en la salud de los niños.
Y es que, aunque la atención médica a menores de 18 años no se vea afectada (sea cual sea su situación "legal" en el país), no hemos de olvidar que muchos niños viven con padres que ya no reciben asistencia médica.
El último número de la revista Famiped, elaborada por pediatras, dedica su editorial a este tema, haciendo hincapié en las posibles repercusiones que dicha medida tiene sobre la población infantil. Porque, ¿qué pasa con los niños de los inmigrantes? ¿No se verá afectada su calidad de vida y su salud por las restricciones de atención médica a sus padres?
Instancias como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha alertado a sus Estados miembros de que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria puede poner en peligro su vida y su bienestar, incrementar el coste de un futuro tratamiento de urgencia, y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad".
Y los pediatras de atención primaria también se hacen oir y señalan que:
Si las personas (inmigrantes o españolas) que conviven con los niños están perdiendo el derecho a ser atendidas por el sistema sanitario, la repercusión sobre los niños puede ser muy grande (...). Las limitaciones impuestas a las personas adultas sin documentación influirán en la higiene, alimentación, educación y todo tipo de cuidados de la población infantil que de ellas depende. Si las personas adultas responsables de estos cuidados no pueden conservar de forma adecuada su nivel de salud física y mental, difícilmente van a ser capaces de velar por el bienestar de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas… De la misma manera, si una de estas personas adultas se ve privada, por ejemplo, de la capacidad de acceder al tratamiento necesario para curar una enfermedad infecciosa, es muy probable el contagio de ésta al menor o menores que tiene a su cargo.
Además remarcan que en el Decreto no se contempla ninguna medida para detectar y atajar el impacto negativo que dichas medidas pueden tener sobre la salud de los niños y niñas.
Ya os comentábamos hace un tiempo que los pediatras hablan sobre los recortes y cómo afectan a la salud de los niños: las medidas de ahorro perjudican a la salud para el 71% de los pediatras, y el 55% de este colectivo percibe que se está produciendo un “impacto" en la salud de los niños como consecuencia de la crisis económica.
En definitiva, junto a este riesgo evidente en la salud de las personas, se puede pensar que el Estado incumple las obligaciones de respeto, protección y cumplimiento, sin discriminación, del derecho a la salud de todas las personas, ya que pone límites al acceso al sistema sanitario público, vetándolo a personas que, por múltiples motivos no "tienen papeles".
Personas no tan marginales como podamos pensar, sino que probablemente tengan a sus hijos escolarizados, niños que pueden verse afectados por la salud no atendida de sus padres.
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