Con la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, que tan impopular había llegado a ser; el presidente del Gobierno ha anunciado una modificación de la actual normativa para que las menores de 16 y 17 años estén obligadas a recibir el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo.
El umbral de edad está marcado por que en materia sanitaria, a partir de los 16 años, el menor ya es “mayor de edad”, por lo tanto tiene autonomía para tomar decisiones sin que tenga que intervenir otra persona. Esto sucede excepto en algunos casos como técnicas de reproducción asistida o trasplante de órganos. Ante la intención de realizar modificaciones en la actual ley del aborto a fin de que los padres de las niñas deban autorizar tal intervención, no puedo más que alegrarme.
No voy a deciros (ahora menos aún) qué me parecía el anteproyecto, cuya retirada ha motivado la dimisión del ministro de Justicia, pero no me gusta que unas personas que legalmente no pueden votar o conducir puedan tener el derecho de interrumpir su embarazo sin la autorización de sus padres.
Menos me gusta aún que nos saltemos el papel de los padres, que son los que sustentan a esas menores que aunque biológicamente son prácticamente adultas, aún dependen de sus progenitores (todas no, ya lo sé) para comer, vestirse o estudiar. Además es que papá y mamá tienen todo el derecho del mundo a saber también en qué consiste la intervención, qué riesgos entraña, etc. También tienen el derecho a tener dudas y a negarse, en cuyo caso la familia se lo debe replantear todo, obviamente; y aquí el papel de la sociedad ante las adolescentes embarazadas, es más que discutible.
Está claro que aún falta mucha educación sexual de calidad, y que en todos los casos no existirá una comunicación familiar ideal, que permita abordar decisiones sobre un embarazo adolescente, de la forma más idónea posible. Pero es que debemos tender a eso: a una buena información (no sólo métodos anticonceptivos) y a una red sanitaria que permita asesorar a la familia de una menor (a toda la familia) que haya quedado embarazada.
El asunto de la mayoría de edad sanitaria, me recuerda a aquella polémica surgida en el Reino Unido, cuando una serie de colegios inyectaban anticonceptivos a niñas de entre 13 y 16 años, … por si acaso. No lo comunicaban a los padres, imaginaos de qué manera negaban el papel (la autoridad también) de los progenitores.
Que los niños tienen sexualidad lo tenemos claro, que en la adolescencia (en algún momento de ella) muchos se inician en las primeras relaciones, también. Aquí de lo que se debe hablar (y creo que deberíamos ampliar más adelante) es de lo que sienten los adolescentes que tienen relaciones sentimentales, de cómo encaminarles a una sexualidad sana en la que no existan situaciones de dominación (por ejemplo). Y sí claro, también se debe educar en prevención de embarazos, pero es que la “prevención”, así a secas, separada de valores y de una modificación de actitudes, sirve para bien poco.
Por cierto que Mariano Rajoy, ha anunciado para antes de que finalice el año, la aprobación de un Plan de Apoyo a la Familia. Estaremos atentos, para ver en qué consiste, y en qué términos se redacta.
Imagen | Anthony Easton.
Vía | Deia.
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