Hay 200 mil niños con discapacidad en España y el 17 por ciento estudian en centros especiales. Ahora, el Consejo Escolar del Estado quiere que convivan en colegios ordinarios con los demás estudiantes.
Esta medida ha provocado que las asociaciones de padres y madres de niños con discapacidad hayan convocado una marcha para el próximo 23 de febrero, en protesta por la desaparición de estos centros porque están a favor de la educación inclusiva, pero también de la educación especial.
Hay 477 colegios de educación especial que se podrían reconvertir en espacios de apoyo.
Por qué la inclusión en centros ordinarios
La polémica se desató cuando la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció en el Senado el pasado mes diciembre que quería reconvertir los centros de educación especial en "centros de apoyo a la inclusión que brinden asesoramiento y ayuda para que los alumnos de estos centros puedan incorporarse progresivamente a los ordinarios".
Esta decisión se apoya en un informe emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de agosto de 2017 que asegura que:
"la existencia de la Educación Especial y la coexistencia de 'dos sistemas educativos' supondría una discriminación de las personas con discapacidad, haciendo una interpretación extensiva y, cuando menos, discutible de la Convención de la ONU".
También el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama la eliminación de la Educación Especializada para que los alumnos con discapacidad sean formados en centros educativos ordinarios, al considerar a los centros de educación especial como “caminos segregadores y paralelos para el alumnado con discapacidad”.
Derecho a ser escolarizados donde lo necesiten
Sin embargo, los padres de niños con discapacidad se muestran contrarios a esta medida. La Plataforma "Educación inclusiva sí, especial también", de ámbito estatal, reúne a familias afectadas por los planes del Consejo Escolar del Estado que anuncian la desaparición de los centros de educación especializada con el argumento de que es “segregadora y discriminatoria”.
Se oponen al informe de la ONU porque aseguran que no consta que los miembros del Comité visitaran ningún centro de Educación Especial en España, por lo que nuestro país ya ha presentado sus alegaciones, manifestando su “desacuerdo y su firme rechazo”.
Alegan que la propuesta de Educación se basa en:
“un grave desconocimiento de lo que es la discapacidad y las distintas actividades educativas que tienen lugar en estos centros de educación para proveer de conocimientos y habilidades a estos alumnos con diversidad y que en la mayoría de los casos tienen una elevada afectación que limita en gran medida su capacidad intelectual”.
También están en desacuerdo con CERMI y reclaman que estos niños necesitan una atención específica y consciente de sus limitaciones y defienden "el derecho del niño a estar escolarizado en dónde necesite ".
"Desde esta plataforma creemos y defendemos el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos. Por eso, pedimos a los gobiernos que garanticen una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los centros de Educación Especial".
Denuncian que "la mayoría de los centros no están adaptados y entonces es imposible la integración".
No ser discriminado, no es tratar a todos igual
Es lo que defienden los padres de la plataforma, que aseguran que "hay que tratar a cada uno como necesita", para no discriminarle, porque:
"aunque algunos niños y niñas se adaptan muy bien a la escuela ordinaria, otros precisan de una educación individualizada, con personal muy especializado, espacios adaptados, aulas con pocos alumnos y ritmos de aprendizaje concretos".
Parece que el polémico proyecto de ley educativo, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, no verá la luz por el adelanto de las elecciones, aunque los padres de esta Plataforma explican que el texto alude a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, y que los otros centros se quedarían solo para casos 'de atención muy especializada'.
Por eso temen que "al ser tan ambigua la ley, las comunidades autónomas pueden interpretar que es una opción la eliminación de estos centros", ya que al tener transferidas las competencias en Educación, sería a estas a las que correspondería asumir el grueso del cambio.
Así que los padres de la plataforma "Educación inclusiva sí, especial, también" nos plantean una pregunta:
¿Por qué destruir estructuras educativas que están funcionando y que garantizan el derecho a una enseñanza de calidad de este alumnado?
Y tú, ¿qué opinas al respecto?
Vía | Plataforma "Educación inclusiva sí, especial, también" y El diario de la educación
Fotos | iStock
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