Los partidos políticos han sellado un acuerdo histórico para hacer frente a una de las mayores lacras de nuestra sociedad: la violencia de género. El pleno del Congreso ha dado el visto bueno al pacto de Estado de Violencia de Género con los votos afirmativos de 278 diputados y 65 abstenciones de los representantes de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.
Consta de un plan de 213 medidas y un presupuesto de 1.000 millones para hacer frente a la violencia machista, y resumimos aquí las principales medidas acordadas para proteger a las madres y sus hijos.
Se ampliará la condición de víctima a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o ex parejas para hacerles daño.
Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño en delitos de violencia de género.
Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital, de forma que, las injurias y calumnias no se consideren solo delito leve.
Los hijos de menores de víctimas de violencia contarán con apoyo psicólogo y pedagógico.
Se crearán protocolos en atención primaria sanitaria y en urgencias para que los médicos contribuyan a detectar a posibles víctimas cuando se produzcan los primeros abusos.
Los huérfanos tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas, y quien tenga su guardia y custodia tendrá prioridad para acceder a viviendas de protección.
No habrá custodia compartida para padres maltratadores: se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus padres.
Se obligará a las mujeres maltratadas a declarar. Se acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
Las mujeres maltratadas sin recursos recibirán un subsidio de desempleo de seis meses de duración.
Diseñar un plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima.
Reforzar la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas antes, durante y después del procedimiento judicial.
Incluir a los hijos en las valoraciones de riesgo de las víctimas.
Prevenir en todas las etapas educativas la violencia de género: promover actividades para prevenir la violencia sexual, incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios, educación emocional y sexual basada en la igualdad.
Desarrollar campañas de prevención y sensibilización.
Proteger a las víctimas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea un episodio de violencia de género.
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