El Congreso de los Diputados aprobó ayer la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), conocida como ley Celaá, el apellido de la ministra de Educación al frente del Proyecto de Ley.
El texto, aprobado por el Gobierno en mayo, ha experimentado importantes cambios desde entonces. Te resumimos los puntos claves de la nueva ley, que está previsto que vea la luz la próxima primavera tras pasar por el Senado, y que incluye un mayor apoyo a la enseñanza pública y puntos polémicos, como la eliminación de la mención del castellano como lengua vehicular.
1.- Defensa de la educación pública
Se convierte en el eje central de la nueva ley que busca inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos para contribuir al “equilibrio territorial”. Se dará prioridad a los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, y los diseñados para reducir el abandono temprano.
2.-El castellano deja de ser oficial
En el nuevo texto deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Serán las administraciones las que deberán garantizar el derecho a recibir la educación en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno.
Aún así, este punto parece no tener mucho futuro, si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional y el Supremo han fallado que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña, la comunidad más polémica que lleva años apostando por la inmersión lingüística.
En ese punto, la asignatura de Lengua cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua propia y Literatura.
3.- Nuevo currículo
Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio serán de un 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial y del 60 % para el resto (hasta ahora ees de un 55 y un 65%).
Además, las comunidades autónomas (CCAA) formarán parte del próximo Instituto de Desarrollo Curricular, que se encargará de actualizar el currículo de manera frecuente. Antes de tomar decisiones, el ministerio deberá consultarlo, dentro de la Conferencia Sectorial de Educación.
4.- Educación especial en los colegios ordinarios
Según establece la próxima ley, las CCAA deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”.
Además, los centros ordinarios deberán tener recursos antes de 10 años deben tener "los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
Se mantiene la redacción anterior en que la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial “solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”.
Pero ahora se añade que los padres “serán preceptivamente oídos e informados" y que en caso de discrepancia sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad se resolverá “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”.
Las Administraciones seguirán financiando los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
5.- Varapalo a los colegios concertados
Se elimina el concepto de “demanda social” para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Además, no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito y las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar.
Además, se fomenta un aumento progresivo de plazas escolares públicas. Para lograrlo, los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos y no podrán ceder suelo para construir centros educativos privados.
6.- Admisión de alumnos
Cuando no lleguen las plazas de un centro para todas las solicitudes, la admisión se regirá por los criterios prioritarios de cercanía al domicilio y renta familiar. También se tendrá en cuenta los hermanos en el centro o ser familia numerosa.
Por otro lado, todos los colegios estarán obligados a aceptar un porcentaje de alumnos que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos.
Además, se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
7.- Nacen las 'Comisiones de admisión'
Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos.
Estas comisiones también velarán, cuando la demanda de plazas supere la oferta, por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
8.- Aumento de plazas de Educación Infantil
La llamada ley Celaá prevé que el Gobierno presente antes de un año, un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y "priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
9.- Igualdad de género
La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. La formación del profesorado, los libros de texto y el proyecto educativo de los aspirantes a directores de un centro deben fomentar esa igualdad.
Así, las CCAA deberán impulsar el incremento de mujeres en ramas formativas como ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y se promoverá la presencia de alumnado masculino en estudios que son más seleccionados por el sexo femenino.
10.- Cada alumno tendrá un número identificativo
Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el "intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, siempre respetando la normativa relativa a la protección de datos.
11.- Repetición de curso
Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces máximo en Primaria y Secundaria y será el equipo docente el que decida qué será más favorable para la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas.
El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
12.- Religión
Sigue siendo una oferta obligatoria, pero se elimina la obligación de cursar una materia alternativa. Además, la nota no contará para el expediente o lo que es lo mismo, para acceder a la universidad ni para optar a una beca. Serán las CCAA las que decidan su horario.
En Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.
13.- Valores Cívicos y Éticos
Se estudiará en uno de los cursos del último ciclo de Primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad de género, la cultura de la paz y la función social de los impuestos y la justicia social (en Secundaria).
14.- Se incorpora el aprendizaje de 'Historia de la democracia'
El texto señala que los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, planteada desde una perspectiva de género.
15.- Educación afectivo-social
De manera transversal, se fomentará desde Primaria la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.
16.- Cultura de sostenibilidad ambiental
Desde los centros se fortalecerá la implicación del alumno con el planeta para promover "la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático. Para lograrlo, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno.
También deberán crear “caminos escolares seguros” para “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
17.- Ciclos en Primaria
La etapa de primaria estará agrupada de nuevo en ciclos de dos cursos y se simplificará el modelo de asignaturas, reduciéndolas a obligatorias y optativas. Dejarán de existir las llamadas "de libre configuración".
18.- Desaparecen los itinerarios educativos en la ESO
Los alumnos recibirán al concluir ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias. La ley elimina los itinerarios educativos que separan de forma temprana a los alumnos en la ESO.
19.- Evaluaciones diagnósticas en lugar de reválidas
En cuarto de Primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”.
En sexto de Primaria y cuarto de Secundaria también se realizarán pruebas, pero solo como una muestra de alumnos que servirán como “evaluación general del sistema educativo”.
Todos tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros.
20.- Programas de diversificación curricular
Se puede modificar y adaptar el currículo desde el tercer curso de Secundaria para el alumnado que lo requiera con el fin de que consiga el título de graduado en ESO. Esta adaptación curricular persigue, entre otras medidas, hacer más sencillo el currículo. Continuará en cuarto para que el alumno pueda obtener el título de la ESO.
21.- Cambios en Bachillerato
Se podrá hacer en tres años y el alumno podrá obtener el título inclsuo con una asignatura suspensa si el equipo docente así lo decide.
Además, a las tres modalidades actuales de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Artes), se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO no sedeciden por qué modalidad optar.
22.- Agrupación de asignaturas
Se podrán unir por ámbitos de conocimiento. Es decir, impartir, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología de manera conjunta.
Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO). Algo que la nueva ley consolida.
23.- Educación de adultos
Podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.
Las Administraciones públicas podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.
24.- Formación de docentes
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno hará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo a la profesional docente.
Además, concede dos años al Gobierno para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB. El año pasado no llegó al 4,2%.
Los docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto o una notoria falta de rendimiento podrán ser "removidos de su puesto". y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.
25.- Inspectores de educación
La fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.
26.- Mayor poder de decisión de los padres y profesores
El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera competencias y deja de ser solo informativa. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.
27.- Digitalización de la enseñanza
Se fomentará el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas. El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas, que deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas.
28.- Promoción de la escuela rural
Se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento.
29.- Plan ante situaciones de emergencia
El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus, de modo que "garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”.
Este plan para emergencias abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.
Vía | Proyecto de Ley de la LOMLOE y El País
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