Quienes estén en ello saben muy bien que alquilar un piso se ha vuelto misión imposible en nuestro país, especialmente en las grandes ciudades. Se supone que la nueva ley de la vivienda tenía como objetivo solucionar algunas situaciones injustas como dejar fuera a los más vulnerables, como familias con niños o personas dependientes, pero la realidad demuestra que se ha vuelto en contra precisamente de lo que pretendía proteger.
Actualmente, y hasta el 31 de diciembre de 2023 según la última ampliación de plazos, la ley impide desahuciar a inquilinos en situación de vulnerabilidad. Y a partir de esa fecha, excepto que vuelvan a ampliarlo otra vez antes de que acabe el año, el proceso será más engorroso ya que los propietarios deberán recurrir a un servicio de conciliación antes de avanzar con acciones legales.
Qué dice la Ley de vivienda
Los supuestos por los que una familia es considerada en situación de vulnerabilidad es cuando hay una situación de desempleo o cuando la renta familiar está por debajo de los siguientes valores:
- Para una familia sin hijos, el límite de renta es 22.589 euros.
- Para una familia con un hijo, el límite de renta es 23.342,20 euros.
- Para una familia monoparental con un hijo, el límite de renta es 23.718,66 euros.
- Para una familia con dos hijos, el límite de renta es 24.095 euros.
- Para una familia monoparental con dos hijos, el límite de renta es 24.848 euros.
En caso de discapacidad, el límite de renta familiar sube a 30.119 euros al año. Si existe situación de dependencia, esta renta es también la que marca la vulnerabilidad.
Compensaciones para los arrendadores. Por otro lado, la Ley también indica que los propietarios pueden recibir compensaciones equivalentes al precio medio de alquiler de viviendas de la zona, basándose en el precio medio de alquiler y otras pruebas que indiquen el mercado de alquiler. Es decir, no corresponden a las rentas debidas sino al monto que indique la administración previa solitud, trámite y aprobación.
Los propietarios se cuidan mucho de a quién alquilar
Todos estos factores han creado un caldo de cultivo para que los propietarios tengan cada vez más reparos a la hora de alquilar sus pisos o casas a familias que pudieran ser vulnerables.
Es entendible que una persona que haya invertido los ahorros de toda su vida en una vivienda no quiera arriesgarse a alquilarla sin tener la absoluta seguridad de que obtendrá una renta mensual por ese bien.
El límite de renta de las familias es un criterio claro para descartar los riesgos. Si los ingresos son muy justos, ya se estaban auto-descartando. Pero hay familias con niños o con personas con discapacidad que pueden caer fácilmente en situación de vulnerabilidad y el desahucio es entonces, como hemos visto, muy complicado.
Frente a estas complicaciones, los propietarios prefieren cortar por lo sano y buscan inquilinos con ingresos más altos, descartando familias con niños o personas dependientes, y más aún si se trata de familias monoparentales.
"No se admiten niños"
Es cada vez más habitual encontrar anuncios en plataformas inmobiliarias como Idealista, Fotocasa o Milanuncios con requisitos muy claros: "No se admiten familias, ni niños ni mascotas. Sólo parejas", “No se admiten niños, personas fumadoras y mascotas”, o "Sin niños" como podemos ver en las condiciones de este anunciante.
Una ley que no protege a los más vulnerables
En oposición a la intención con la que fue creada, la ley de vivienda demuestra que está mal diseñada, dejando recaer sobre las espaldas del propietario el peso de los costes del mantenimiento de las personas que necesitan ayuda.
Es decir, en lugar de asumir la protección de los vulnerables, el Estado sitúa a los particulares, en este caso a los arrendadores, en un papel que no les corresponde: actuando como una barrera de protección social.
Como comentan nuestros compañeros expertos de El Blog Salmón, "el problema de todo esto es que el Estado no tiene skin in the game". Es el propio Estado el que debería asumir ese riesgo, es su función, en lugar de delegar en los ciudadanos tareas que le corresponden.
Pero es lo que sucede cuando se crean leyes vacías con un envoltorio bonito, sin poner dinero ni gestión en resolver las situaciones complicadas que pudieran surgir.