Que los precios de los alquileres no paran de aumentar en España no es ninguna novedad, y los inquilinos han salido a manifestarse para decir "basta ya". En este contexto, ronda la amenaza de una "huelga de alquileres", anunciada por los Sindicatos de Inquilinos de Madrid, que podría extenderse a todo el país como una medida de protesta contra los elevados precios de la vivienda.
En nuestro país, hacer una huelga masiva de alquileres es ilegal e ilegítima, y llevaría a que los arrendatarios que no pagasen, se enfrentasen a demandas por impagos y desahucios. Pero eso llevaría mucho tiempo.
Mientras tanto, aquí entrarían en juego las empresas intermediarias como Alquiler Seguro. ¿Qué pasaría si los inquilinos, o un buen porcentaje de ellos, se sumaran a la huelga? ¿Podría la empresa afrontar el pago de esas mensualidades de alquiler para sus clientes, los propietarios?
El presidente de Alquiler Seguro en apuros: "Estamos hablando de política ficción"
En el canal 24 horas de RTVE le preguntaron a Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, sobre esta posibilidad: "¿Cuántos meses podría aguantar una huelga de inquilinos si todos los clientes de Alquiler Seguro dejaran de pagar?".
Carroza contesta eludiendo una respuesta concreta: "Entendemos que esta escalada de precios que se está produciendo es imparable y debemos corregirlo, pero la huelga de alquiler en España no está recogida como una figura legal", ha dicho.
Ante la insistencia de los periodistas, solo ha podido responder con un socorrido "Tendría que llamar a mi director financiero", continuando con un: "Estamos hablando de política ficción". En conclusión, que no da una respuesta clara que tranquilice a sus clientes.
Alquiler Seguros provee servicio a 25.000 caseros. Imaginemos que el 20% de sus inquilinos se sumarán a una huelga. Sobre una media de 750 euros de alquiler, la empresa tendría que afrontar, en un mes, un pago de 4 millones de euros. Esta es su respuesta pic.twitter.com/SbHuNkw6Oy
— Alejandro Torre (@Alejandrotoorre) October 15, 2024
Como empresa intermediaria, que debería hacer frente al pago del alquiler en caso de que el inquilino no pagase, no ha sido capaz de responder cuántos meses podría soportar esa situación.
Es lógico que a los propietarios que pagan la cuota les preocupe no tener nada garantizado en caso de que sus inquilinos, en protesta, decidieran sumarse a la huelga masiva.
Ante este supuesto panorama, Carrazo traslada fuera la responsabilidad. Señala que el problema podría extenderse a la Administración Pública, que tendría que enfrentarse a una huelga de alquileres a nivel nacional, afectando a todo el parque inmobiliario del país, y no solo a las viviendas que ellos administran.
Alquiler Seguro es una empresa que da servicio a más de 60.000 inquilinos y 25.000 propietarios. Imaginemos que un 20% de los inquilinos de las viviendas que gestiona, que pagan una media de 750 euros de alquiler, decidiera sumarse a la huelga. En ese caso, serían casi cuatro millones de euros al mes que la entidad tendría que poner como forma de garantía para respaldar a sus clientes.
En declaraciones a El Blog Salmón sobre este asunto, el Director de Comunicación de Alquiler Seguro, Gerardo Neistat, nos ha dicho que "no estoy muy de acuerdo en que no contestamos sobre la pregunta-trampa de si todos dejan de pagar, qué pasa. Lo que ocurre es que el Sindicato de Inquilinos quería una respuesta fácil y catastrófica sobre la pregunta imaginaria. Por eso la respuesta ante una pregunta-ficción fue con una comparativa con otras empresas (por ejemplo si todo el mundo retira el dinero de los bancos)".
Denuncias contra Alquiler Seguro
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua han denunciado a la empresa Alquiler Seguro por, según ellos, obligar en algunos casos a los inquilinos a contratar sus servicios. "Tal y como nos indicó la Dirección General de Consumo, las comisiones o gastos de gestión inmobiliaria exigidos por agencias bajo conceptos como 'servicios integrales al inquilino' deben ser totalmente voluntarios y no pueden imponerse como condición para el arrendamiento de una vivienda", ha explicado la OCU.
Por su parte, la compañía se defiende asegurando que no obliga a nadie a contratar sus servicios, que en el caso de los contratados por los inquilinos consisten en ayuda financiera o préstamos blandos, asesoría jurídica, recomendaciones en el cambio de suministros o en materia de eficiencia energética.
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