En 2017 en España el apellido del padre dejó de tener prevalencia sobre el de la madre tras la reforma del Registro Civil. A partir de ese momento, los padres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos a la hora de inscribir a un hijo recién nacido, aunque si esto no ocurre, y transcurrido un plazo de tres días será el propio encargado del Registro Civil quien establezca dicho orden atendiendo al interés superior del menor, pero no poniendo por defecto el del padre.
De hecho hoy se ha producido un fallo que estaba pendiente y que ha reafirmado el argumento de discriminación bajo el cual se cambió la ley.
Este caso en cuestión se produjo antes de su entrada en vigor. La menor nació en 2005, después de, según la demandante, mucha insistencia por parte del padre para que el embarazo se interrumpiera. Por ese motivo cortó toda relación con él, y registró a la niña con sus apellidos. Un año después el padre interpuso una demanda de paternidad, tras la cual, la justicia española dispuso que la niña llevara primero el apellido del padre y luego el de la madre.
En el desarrollo del caso, la abogacía del Estado argumentó que no existía discriminación, ya que la menor podría cambiarse el apellido una vez cumpliese la mayoría de edad. Sin embargo, El Tribunal de Estrasburgo ha fallado en favor de la madre, obligando al gobierno de España a pagar a la demandante 10.000 euros en concepto de daño moral y 23.853,22 euros en concepto de costas y gastos, afirmando además que no existe ninguna justificación para recibir una diferencia de trato basada en el sexo.
En el fallo el Tribunal ha subrayado que el contexto en el que se produjeron los hechos ha cambiado, gracias a las reformas que se han realizado y "cuyas medidas han estado encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres".
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