"No es sequía, es saqueo": El periódico The Guardian acusa a Danone y Nestlé de extraer el agua potable de algunos pueblos catalanes para revendérsela embotellada a sus habitantes

"No es sequía, es saqueo": El periódico The Guardian acusa a Danone y Nestlé de extraer el agua potable de algunos pueblos catalanes para revendérsela embotellada a sus habitantes
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Las multinacionales Danone y Nestlé han sido señaladas por el periódico británico The Guardian por una práctica que indigna a muchos: la extracción de agua de manantiales en zonas afectadas por la sequía en Cataluña, para luego venderla embotellada.

Este reportaje pone el foco en la crisis hídrica que sufre España, y también, en las tensiones éticas que emergen al permitir que un recurso público vital sea controlado por empresas privadas.

De la sequía a la explotación

Cataluña enfrenta su cuarto año consecutivo de sequía, que ya afecta al 80% de su población, con impactos devastadores en la agricultura, el abastecimiento y el día a día de los habitantes rurales.

Los periodos de lluvias torrenciales no son suficientes para paliar el déficit hídrico; la tierra seca no absorbe el agua, que termina en el mar, dejando tras de sí un panorama de cosechas fallidas y restricciones de consumo.

En este contexto, el reportaje destaca cómo las compañías multinacionales, lejos de ser afectadas por la crisis, encuentran en ella una oportunidad para extraer y vender un recurso que debería ser accesible para todos. Estas empresas cuentan con licencias para extraer millones de litros de agua de manantiales en pueblos catalanes.

Concretamente, lo hacen de acuíferos locales, especialmente en la sierra del Montseny, para embotellar y vender agua, incluso a los mismos habitantes afectados. Con todo, el problema se agudiza cuando los habitantes de estas zonas se ven obligados a comprar agua embotellada porque sus propios grifos han dejado de ser confiables.

En pueblos como Riells, donde los arroyos han desaparecido, las familias dependen del agua embotellada, lo que supone un gasto mensual elevado, exacerbando la tensión social.

Un problema en otras zonas de España: más allá de Cataluña

La denuncia no es exclusiva de Cataluña, extendiéndose también por el resto de España. Por ejemplo, Danone produce Font Vella y Lanjarón en plantas de Cataluña pero también en Granada, mientras que Coca-Cola extrae agua mineral para su marca AquaBona de cuatro plantas en España.

Esto se suma a los grandes volúmenes de agua que utiliza en España para sus refrescos. Por su parte, PepsiCo toma agua de un acuífero español para su marca Aquafina.

En Cataluña, agricultores como Roser Albó Garriga expresan su frustración. Con agua insuficiente para sus cultivos o incluso para beber, ven con desconcierto cómo camiones cargados de botellas se alejan de su tierra.

Garriga señala en The Guardian que, aunque las lluvias intensas puedan parecer un alivio, en realidad agravan la situación. "El agua no se queda en el suelo, y nosotros seguimos igual o peor", dice.

Seis embotelladoras de estas multinacionales en un radio de 16 km

Es importante destacar que en un radio de 16 kilómetros hay seis plantas embotelladoras de agua, una de ellas gestionada por Nestlé y otra por Danone.

Tal y cómo explican en el reportaje, "estas extraen agua mineral del acuífero situado bajo la sierra del Montseny y la envasan en botellas de plástico para venderla en España y en el extranjero".

Cataluña tiene la mayor concentración de plantas embotelladoras de agua de España; en toda la región se han concedido 27 licencias de extracción. "Hay más agua transportada por las carreteras en camiones que la que corre por nuestros arroyos", afirma Rosita, la madre de la agricultora Roser Albó Garriga.

Las multinacionales y su impacto

The Guardian detalla cómo Danone y Nestlé justifican sus operaciones con argumentos económicos y legales, destacando la generación de empleo local y su cumplimiento con las normativas. Sin embargo, las críticas apuntan a una desconexión entre la lógica empresarial y las necesidades reales de las comunidades afectadas.

En muchas localidades catalanas, los habitantes pagan dos veces por el agua: primero, en impuestos que financian la infraestructura pública; después, al comprarla embotellada, porque el suministro local no es apto para el consumo.

¿Un cambio necesario?

La crisis climática intensifica estas tensiones. Sequías prolongadas, lluvias extremas y un acceso al agua cada vez más incierto obligan a replantear el modelo de gestión de los recursos naturales. Activistas y organizaciones como Ecologistas en Acción exigen que las autoridades revisen los permisos de explotación concedidos a estas empresas y prioricen el acceso público al agua.

En Valencia, tras las recientes inundaciones, la infraestructura hídrica quedó gravemente dañada, dejando a cientos de miles de personas sin agua potable.

Aunque la conexión del suministro se restableció en semanas, los residentes aún dependen en gran medida del agua embotellada. Esto pone de manifiesto que el agua es un recurso frágil y fundamental, que debe gestionarse con una perspectiva de justicia y equidad.

Acceso al agua potable: un derecho que se trata como un privilegio

El reportaje de The Guardian también lanza una advertencia global: el acceso al agua potable es un derecho humano, no un privilegio. La privatización de este recurso en contextos de escasez plantea dilemas éticos, ambientales y sociales que necesitan soluciones urgentes.

Para muchas comunidades rurales catalanas, como las descritas en el artículo, las consecuencias de estas prácticas son inmediatas y tangibles. Denuncian que no se trata solo de sequía, sino de saqueo. De hecho, este es el lema de los manifestantes contra esta problemática: "No es sequía, es saqueo".

Este eslogan se ha utilizado en toda América Latina. Se pudo escuchar en México, en 2022, cuando los habitantes de Monterrey se quejaban de que no tenían agua para beber en medio de una sequía, mientras que empresas como Coca-Cola extraían agua subterránea para sus líneas de bebidas, incluida su agua mineral Topo Chico.

En definitiva, esta situación refleja un conflicto creciente entre los derechos de acceso al agua como bien público y su explotación comercial, abriendo el debate sobre si estas prácticas deberían continuar frente a la emergencia climática y la seguridad hídrica.

Foto | Portada (Freepik)

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